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Los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos anunciaron el 28 de agosto un acuerdo para desarrollar campos petroleros venezolanos. La presidenta encargada Delcy Rodríguez informó al día siguiente que el convenio tendrá una vigencia de 25 años y buscará elevar la producción vinculada al proyecto a más de 1,5 millones de barriles diarios.

El pacto abarca 17 campos con reservas probadas estimadas en más de 65.000 millones de barriles, una escala capaz de influir en la oferta energética del continente y en la recuperación de la industria venezolana. Su ejecución dependerá de inversiones, infraestructura y condiciones técnicas que aún deben concretarse.

Washington describe el acuerdo como un control mayoritario estadounidense sobre esas reservas mediante una alianza con operadores privados. Caracas sostiene, en cambio, que Venezuela conservará la propiedad y la soberanía sobre sus recursos naturales; esa diferencia muestra que todavía faltan detalles públicos sobre la estructura jurídica y comercial del convenio.

El anuncio profundiza el acercamiento energético entre ambos países y abre interrogantes regionales sobre inversión, ingresos públicos y seguridad energética. Por tratarse de un acuerdo reciente y de gran escala, sus resultados económicos y productivos siguen siendo proyecciones, no beneficios confirmados.