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La Corte Nacional de Justicia de Ecuador condenó el viernes 28 de agosto al expresidente Lenín Moreno (2017-2021) a cinco años de prisión como autor de un delito de cohecho, e incluyó en la sentencia la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo de primera instancia consideró probado que Moreno favoreció, cuando era vicepresidente entre 2007 y 2013, la adjudicación y el financiamiento de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair a la empresa estatal china Sinohydro.

Según la resolución, la constructora habría pagado cerca de 76 millones de dólares en sobornos para quedarse con la planta de generación más grande del país, de unos 1.500 megavatios, y parte de ese dinero terminó en el círculo familiar del exmandatario, que recibió un poco más de un millón de dólares. Su esposa, Rocío González, y su hija Irina Moreno fueron declaradas cómplices y condenadas a dos años y medio de prisión.

Moreno rechazó la condena, afirmó que no recibió dinero ilícito, atribuyó el proceso a una supuesta venganza del expresidente Rafael Correa y anticipó que apelará el fallo. Correa, quien enfrenta su propia condena por corrupción, celebró la decisión del tribunal. Al tratarse de una sentencia de primera instancia, la pena aún puede ser revisada por instancias superiores.

El caso Sinohydro se suma a la lista de exgobernantes latinoamericanos procesados por corrupción en la última década y reactiva en la región el debate sobre la rendición de cuentas de los líderes, en un contexto de creciente escrutinio sobre las grandes obras públicas financiadas con capital extranjero.